El portavoz de la ONU en la oficina de HRW en Ginebra, Laila Matar, dijo a la cadena de televisión lingüística árabe Lualua el sábado que la organización internacional había registrado 133 casos de revocación de ciudadanía en Bahréin el año pasado y señaló que la medida respondió a las críticas al régimen de Manama.
Matar agregó que Human Rights Watch estaba gravemente preocupado por los juicios militares contra civiles.
"No creemos que los civiles enjuiciados deban estar en tribunales civiles o militares, porque hay un problema con los procedimientos de juicio justo en ambos tribunales", dijo.
El 5 de marzo, el Consejo Consultivo, la cámara alta del Parlamento de Bahréin, votó a favor de la medida menos de dos semanas después de que fuera aprobada por el Consejo de Representantes, la cámara baja.
El movimiento vio a Manama manipular parte de su constitución, que define las identidades de aquellos que pueden ser juzgados en tales tribunales.
Miles de manifestantes anti-régimen han llevado a cabo manifestaciones en Bahréin sobre una base casi diaria desde que un levantamiento popular comenzó en el reino el 14 de febrero de 2011.
Están exigiendo que la dinastía Al Jalifa renuncie al poder y que se establezca un sistema justo que represente a todos los habitantes de Bahréin.
Manama no ha escatimado esfuerzos para reprimir a los disidentes y a los activistas por los derechos humanos. El 14 de marzo de 2011, tropas de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos fueron desplegadas en Bahréin para ayudar al gobierno de Manama en su represión contra manifestantes pacíficos.
Decenas de personas han perdido la vida y cientos de otras personas sufrieron heridas o fueron arrestadas como resultado de la represión del régimen de Al Jalifa contra activistas anti-régimen.