Según el reporte, se pudo constatar un fuerte aumento en el número de interrogatorios, detenciones, condenas y detenciones arbitrarias de clérigos musulmanes shiítas, en su mayoría por cargos infundados y sin fundamento.
Además, las autoridades gubernamentales denegaron a algunos clérigos shiítas el acceso a mezquitas específicas y prohibieron a otros de realizar oraciones del viernes, sermones y otros servicios religiosos.
El informe señaló que la discriminación contra los musulmanes shiítas en el empleo gubernamental y otros servicios públicos y sociales aumentó, al igual que la retórica incendiaria y sectaria de los medios progubernamentales, a pesar de que los funcionarios a menudo hacen declaraciones públicas condenando el odio sectario y la violencia.
Aunque el Gobierno bahreiní siguió avanzando en la aplicación de algunas recomendaciones del informe de 2011 de la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein (BICI), no ha aplicado plenamente las recomendaciones que podrían corregir.
En el 2017, la USCIRF coloca a Bahrein en su nivel 2 por primera vez. Entre 2012 y 2016, Bahréin se incluyó en la sección "Otros países supervisados" del informe anual.
