El texto de esa tendencia islámica cuya fe es prohibida por el ejecutivo, lo cual obliga a sus partidarios a profesarla de modo extraoficial, acusa a las autoridades de discriminación, de acuerdo con declaraciones del portavoz shiíta Issam Hassani al al portal Yabiladi.com.
Risalis progresistas, única organización shiíta de Marruecos, afirma que el documento de 140 páginas exhibe pruebas sobre la imposición oficial de ‘un embargo y una prohibición arbitraria que atenta contra sus derechos civiles y religiosos’.
Un tribunal de la región central de Fez condenó el pasado 18 de julio al presidente de esa entidad religiosa Abdou Chougrani a un año de cárcel por cargos de desvío de fondos y falsificación documental, proceso que el líder religioso atribuyó a razones políticas y confesionales y apreció en él numerosas violaciones a sus derechos.