Un fiscal ha informado que un tribunal ha condenado a ocho bahreiníes a cadena perpetua, a nueve a 15 años de prisión y a dos a diez años de prisión por sus vínculos con Al-Wefaq, el principal partido opositor bahreiní, al que acusa de recibir apoyo de Irán.
El régimen árabe ha acusado a estos bahreiníes de conspirar contra el país, recibir fondos para llevar a cabo actos desestabilizadores y socavar los intereses nacionales.
En un caso separado, un tribunal bahreiní ha condenado a prisión a tres miembros de la familia de un prominente activista en el marco de su dura represión contra figuras opositoras.
Sayyed Ahmed Al-Wadaei, un miembro del Instituto para los Derechos y la Democracia de Bahréin (BIRD), un grupo de derechos humanos, ha informado que sus familiares han sido condenados este lunes por el supuesto cargo de fabricar una “bomba falsa” en enero de 2017.
El activista residente en el Reino Unido ha considerado que el fallo es una represalia por sus denuncias sobre los “terribles abusos de derechos” cometidos por el régimen de Manama.
Los condenados son: su suegra de 49 años Hajer Mansur, su cuñado de 18 años Sayed Nizar Alwadaei y su primo de 30 años Mahmud Marzuq.
Los tres han recibido tres años de cárcel por fabricar una “bomba falsa”, pero Marzuq ha recibido una sanción adicional de otro mes y medio de cárcel y una multa de 100 dinares (unos 230 euros) por tener un puñal.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y seis expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han denunciado numerosas violaciones durante el proceso, que incluyeron torturas “para firmar confesiones falsas”, según ha señalado el BIRD en un comunicado.
El BIRD ha aseverado que el régimen de Al Jalifa “no ha encontrado pruebas físicas, como ADN, huellas dactilares u otras, que vinculen a la familia de Al-Wadaei con la bomba falsa”. “Durante el interrogatorio, fueron preguntados ampliamente por el trabajo (del activista) en Reino Unido”, ha apostillado.
Al-Wadaei además, ha señalado que los tres habían estado detenidos desde marzo mientras se les negó el acceso a abogados durante los interrogatorios.
Por su parte, hace días, Amnistía Internacional (AI), aseveró que los familiares de Al-Wadaei están siendo procesados como represalia por el trabajo del referido activista y que el juicio forma parte de un patrón de acoso contra su familia.
Desde febrero de 2011, los bahreiníes protagonizan manifestaciones casi diarias contra la monarquía Al Jalifa para reclamar, entre otros, el fin del monopolio de poder, la instauración de un sistema constitucional y un poder judicial independiente.
En esta línea, el régimen de Al Jalifa impuso en marzo de 2011 la Ley de Seguridad Nacional, que dio lugar a la entrada de tropas saudíes y emiratíes para aplastar las manifestaciones, y hasta la fecha ha detenido a miles de activistas políticos. Sorpresivamente, las autoridades rechazan la existencia de “prisioneros de conciencia” en las cárceles.