Luego de varios meses de parálisis e incertidumbre, el Gobierno decidió impulsar durante 2018 la aprobación parlamentaria de los juicios en ausencia de cinco ex funcionarios iraníes buscados por Interpol por su presunta participación en el atentado terrorista contra la AMIA, que en julio de 1994 causó la muerte de 85 personas. Esta medida se produce en coincidencia con las detenciones de funcionarios kirchneristas acusados de traición a la patria.
"Por más que se mueran de viejos en Irán, nosotros tenemos que juzgarlos acá y cerrar una etapa de la historia argentina", afirmaron a LA NACION dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo con injerencia en la decisión.
Las fuentes del Gobierno dieron cuenta a LA NACION de "conversaciones informales" entre Garavano; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios luego de las detenciones ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio en relación con la causa por traición a la patria contra la presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios en el contexto del memorándum de entendimiento firmado por el canciller Héctor Timerman y su par iraní en enero de 2013.
Hace poco más de dos años, el titular de la Unidad Fiscal AMIA, el ex senador radical Mario Cimadevilla, comenzó una ronda de reuniones con entidades judías y familiares de víctimas del atentado para convencerlos de la conveniencia de apoyar el proyecto.
"Trabajamos este proyecto, pensado para delitos transnacionales, que nos permitirá, más allá de las causas conexas, saber lo más importante: quién puso la bomba", dijo ayer Cimadevilla a LA NACION.
En principio, la DAIA y un grupo de familiares están a favor de la iniciativa, que apunta a juzgar sin que estén presentes a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; a Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; a Mohsen Rabbani, ex agregado cultural en Buenos Aires, y a Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina. En mayo pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió a Interpol que se renueven sus pedidos de captura, que Teherán ignora desde hace años. "Nos parece bien que se avance, si es que la ley les da la posibilidad a los defendidos de ejercer su defensa en el momento del juicio o cuando ellos lo consideren", afirmó Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas del atentado. Según pudo saber LA NACION, el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, también tiene una opinión positiva de la iniciativa, pero pidió "conocer la opinión de los expertos en esta materia y los familiares" antes de sentar una posición definitiva, según fuentes de la mutual judía. Otras entidades de familiares, como Memoria Activa, 18J y Apemia, de Laura Ginsberg, se oponen de manera frontal a los juicios en ausencia, con el argumento de que una eventual condena a los iraníes "cerraría" la posibilidad de saber efectivamente qué pasó. "Se pueden oponer, pero acá estamos hablando de una política de Estado, y de hecho se está volviendo a la idea que tenía el primer juez de la causa", afirmaron en el Gobierno.
El juez Juan José Galeano, que sostenía la responsabilidad de Irán, está hoy sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por encubrimiento que lleva adelante el Tribunal Oral Nº 2, y que incluye al ex presidente Carlos Menem, varios de sus funcionarios y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja. "Pueden juzgar a quien quieran, pero lo que queremos saber realmente es quién hizo el atentado. El juicio en ausencia puede ayudar", afirmó un alto funcionario del Gobierno.